Hace pocas semanas, Indecopi adquirió un equipo de
última generación para extraer información de teléfonos y tablets valorizado en
más de 50 mil soles. El UFED Touch 2 fabricado
por la firma israelí Cellebrite es capaz de extraer la información de la
mayoría de teléfonos móviles modernos, incluyendo no solo la almacenada en la
tarjeta de memoria sino también la información de aplicaciones, mensajes,
fotografías y videos. ¿Para qué necesita Indecopi un equipo como este? ¿Quién
va a fiscalizar que no sea usado de forma indebida?
Mirarlo todo
Desde hace un par de años, una oficina de Indecopi
sueña con la idea de poder fiscalizar todo. La Comisión de Libre Competencia de
Indecopi tiene como misión detectar y sancionar prácticas anticompetitivas
entre agentes económicos, como los acuerdos de precios de dos o más empresas
para cobrar lo mismo o dividirse el mercado. Para esto, su Secretaría Técnica
tiene potestades de investigación y puede solicitar a empresas todo tipo de
documentos contenidos en papel o en fuentes electrónicas en visitas inopinadas.
De la misma manera, si resulta necesario para una
investigación, la Secretaría puede solicitar autorización judicial para el
descerraje de un local, copiar correspondencia o solicitar el levantamiento del
secreto de las comunicaciones.
En el 2015, esta Comisión intentó cambiar sin éxito la Ley de Libre Competencia para que se
le permita acceder sin orden judicial a los correos
electrónicos corporativos de las empresas que fiscaliza. La justificación era
que cada vez más empresas usan medios electrónicos para almacenar información y
es probable que los acuerdos de precios, la prueba máxima de una infracción,
estén en cuentas de correo y no en archivadores.
Con acierto, la versión final de la norma retiró esta propuesta y
mantuvo el requisito de una autorización judicial para acceder a las
comunicaciones de los empleados de las empresas investigadas.
Según las Bases de la Adjudicación Simplificada No.
003-2017-INDECOPI, la adquisición de este sofisticado equipo para hackear
teléfonos celulares y tablets era necesaria para la “recolección,
transferencia, procesamiento y análisis de evidencia electrónica de
dispositivos móviles recabada durante las visitas de inspección.” Es decir, para que la Secretaría Técnica de
Indecopi pueda visitar cualquier empresa o negocio en el Perú y, previa
autorización judicial, extraer información de cualquier dispositivo que corra
Android, Blackbery o iOS. Finalmente, se adquirió el UFED Touch 2 fabricado por
Cellebrite a uno de los dos postores participantes: Ondata International S.A.C.
por 58 mil soles.
Controles y descontroles
Lo que acaba de comprar Indecopi es el equivalente
a un arma digital muy poderosa de casi 20 mil dólares. En manos de cualquiera,
podría ser un instrumento delictivo dado que acceder sin autorización a la
información contenida en un teléfono o tablet es un delito informático. Es
innegable que Indecopi está autorizado por ley para realizar inspecciones y
hasta a hacer uso de la fuerza siempre que medie autorización judicial.
Sin embargo, ¿esto también autoriza también
al organismo a procurarse los instrumentos necesarios para hacerlo? Por
ley, la Secretaría Técnica puede realizar el descerraje de un local o solicitar
la intervención de las comunicaciones. ¿Debería de contar entonces con ganzúas,
patas de cabra, sopletes o sofisticados equipos de intervención de
comunicaciones? ¿No deberían de ser las unidades especializadas de la Policía
quienes poseen y operan estos instrumentos?
Más allá de la legalidad de la adquisición, está la
pregunta sobre cómo va a ser usado. ¿Está un grupo de economistas y abogados de
Indecopi capacitado para operar un sofisticado equipo de vigilancia digital?
¿Quién va a controlar que este equipo que ahora reside en las instalaciones de
Indecopi no sea usado indebidamente? En otros países, la posesión de armas
tecnológicas de este tipo sigue criterios establecidos legalmente y se procura
que estén solo concentrados a nivel de las fuerzas del orden. Recientemente, en
México se comprobó que el software Pegasus que había adquirido el
gobierno para luchar contra el narcotráfico estaba siendo usado de manera
selectiva contra opositores políticos y periodistas en el país.
Permitir que una entidad administrativa cuente con
instrumentos de este tipo abre la puerta a que otras entidades como SUNAT,
SUNAFIL o hasta las Municipalidades también lo soliciten. En otras palabras,
equivale a la cuasi militarización de la administración pública y resulta
preocupante en términos de nuestra historia reciente de chuponeos, vigilancia y
debilitamiento de las libertades individuales.
No podemos permitir que el Gobierno libremente
acumule instrumentos de vigilancia sin que se rindan cuentas sobre su
necesidad, uso responsable y control. Ninguna democracia se sostiene
en las buenas intenciones de las personas ejercen el poder, sino en las leyes
que limitan los poderes de esas personas y los equilibran.
Artículo
publicado originalmente por Miguel Morachimo en el sitio web Hiperderecho
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