Perú Lote 192: Indígenas peruanos viven en condiciones infrahumanas hace 40 años

Pueblos Indígenas

Por Luis Enrique Mendoza
5 de Febrero de 2015 a las 10:00
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Perú Lote 192: Indígenas peruanos viven en condiciones infrahumanas hace 40 años

Publicado originalmente el 04 de febrero de 2015.


Para los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas, el nombre Pluspetrol (Norte) debe sonar a muerte. Tras más de cuarenta años de impactos acumulados en la zona, las condiciones socioambientales de las comunidades Achuar, Kichwa, Kukama-kukamiria y Urarina son realmente infrahumanas.

La situación del río Tigre, por ejemplo, es escalofriante: aguas para el consumo humano contaminadas al 100% (DIGESA), sedimentos contaminados al 98% (ANA), suelos contaminados al 96% (OEFA), aguas superficiales contaminadas al 86% (ANA). Es decir, condiciones ambientales imposibles para cualquier forma de vida posible. 


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  Fuente: PUINAMUDT

El Estado atiende la problemática de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón desde fines del 2012 con la conformación de dos comisiones multisectoriales. Sin embargo, a la fecha estas comisiones no han mostrado la voluntad política para encauzar la problemática de las Cuatro Cuencas y equilibrar las relaciones de poder entre Pluspetrol y las organizaciones indígenas.

De acuerdo a la representación indígena (FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT, ACODECOSPAT), sus demandas pasan por la solución integral de los impactos ambientales acumulados en la zona en los más de 40 años de actividad extractiva (junto con el Lote 8). Las demandas históricas buscan la remediación ambiental, la indemnización y compensación por los impactos acumulados, la evaluación socioambiental autónoma, y la titulación de sus territorios ancestrales. 

Ante el agravamiento de la morbilidad generada por la contaminación ambiental, el Ministerio del Ambiente declaró en setiembre del 2013 en emergencia ambiental la cuenca del río Corrientes, que involucra 11 comunidades nativas: Antioquía, José Olaya, Pampa Hermosa, Sauki, Valencia, Pijuayal, Belén, Sión, San José, Santa Rosa y Nueva Jerusalén, en la provincia de Loreto.

Hay que recordar que el 28 de agosto del 2012 el poder ejecutivo anunció, ante la dirigencia indígena, la implementación de un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas involucrados para la licitación del Lote 1AB o 192 (cuyo contrato vence en agosto de 2015). Sin embargo, a la fecha la consulta no ha sido realizada.

 

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 Fuente: FECONAT

En pie de lucha

La representación indígena continúa en pie de lucha y desde siempre abierta a la solución por medio del diálogo. De manera constante exhorta a los sectores competentes del Estado y a Pluspetrol en reconocer sus errores y a subsanar sus demandas previas. El martes 3 de febrero de 2015, por ejemplo, un conjunto de manifestantes indígenas y no indígenas protestaron contra Pluspetrol frente a su sede en Lima. Y para el jueves 5 se tienen programadas dos conferencias con prensa nacional y extranjera sobre la problemática de las Cuatro Cuencas y el escenario inmediato de lucha social.  Su mensaje es: sin demandas previas atendidas no procederá la licitación del lote 192.

A los problemas redistributivos y medioambientales se suman los  problemas de naturaleza identitaria. Es el dilema de asegurar la subsistencia indígena en tiempos de capitalismo extractivo. Bajo este modelo, las comunidades indígenas continúan enfrentando el conjunto de impactos negativos en sus formas de vida, salud, organización y valores culturales. El resultado es la paulatina erosión de las identidades culturales, vía enganche y relación de dependencia en torno a la actividad extractiva impuesta en la zona.

Es el reino de la imposición cultural. Es la falta de institucionalidad estatal indígena. Es el modelo extractivo en perjuicio de los pueblos indígenas y de su entorno. Es la falta de compensación tras 40 años de violencia socioambiental. Es la falta de servicios públicos con pertinencia cultural. Es la falta de titulación y de consulta previa. Es la ausencia de una democracia real y pluralista.

 

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  Fuente: Federaciones indígenas


Pero hay más. Es de conocimiento público que la estrategia de Pluspetrol es judicializar cualquier pronunciamiento administrativo favorable a la causa indígena (OEFA, ANA, DIGESA), así como romper los canales formales de diálogo tripartitos (Estado, Pluspetrol, Organizaciones indígenas) a fin de lograr una situación en la que se logren transacciones informales con miembros indígenas en condiciones de asimetría informativa y negocial. Obviamente su objetivo es eludir su responsabilidad y ahorrase el monto real de compensaciones justas. Nuevamente: es el rostro del modelo extractivista.

Pero el ejercicio del cualquier derecho comporta límites, y en este caso, según nuestra normativa vigente constituye abuso de derecho judicializar procedimientos administrativos en el marco de un proceso de diálogo en el cual se aborda parte del contenido de dichos procedimientos administrativos. Pero no solo eso. También constituye una muestra de mala fe (atención con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT) simular ser miembro de una comisión multisectorial sobre la problemática indígena y, al mismo tiempo, negociar por lo bajo (informalidad) aquello que debería conversarse en la misma comisión oficial (formalidad).

Repensar la economía

Una de las políticas pendientes de discusión atañen al modelo productivo peruano, el cual privilegia la extracción primaria sobre otras formas de desarrollo, auspiciando con ello la extracción de recursos naturales (commodities) en zonas con densidad indígena, en un escenario de mutuas resistencias y deudas sociales.

Es cierto que en un mundo globalizante y altamente tecnificado -de códigos marcadamente occidentales y de relaciones impersonales y espantosamente competitivas- resulta difícil generar una situación donde no surjan tensiones en torno a las industrias extractivas y donde las partes involucradas se den por satisfechas. Sin embargo, el problema de la economía peruana es que su matriz productiva no ha pasado por un proceso de diversificación y para colmo de males, el poder de negociación se invierte a favor de empresas –peor si son empresas multinacionales cuyo volumen de negocios a menudo sobrepasa el PBI del país-, incubando con ello el resentimiento indígena ante la falta de las garantías estatales para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo[†], del total de conflictos sociales registrados en enero de 2015, 140 (66.7%) corresponden a conflictos socioambientales, de los cuales 96 (68.6%) obedecen a actividades mineras y 21 (15.0%) a actividades hidrocarburíferas (aquí están las Cuatro Cuencas). Con ello surgen tres horizontes a considerar: primero, las empresas extractivas se convierten en agentes desestabilizadores de derechos indígenas; segundo, la alta tasa de conflictividad social pone en riesgo la misma viabilidad del país; y tercero,la deficiente institucionalidad en materia indígena contribuye al desequilibrio social.

 

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  Fuente: Federaciones indígenas

 

La deficiente institucionalidad se pone en evidencia ante la falta de un sistema nacional integral encargado de articular demandas y necesidades indígenas en una instancia rectora capaz de fijar lineamientos transversales a las políticas públicas de gobierno. Ello se constata, por ejemplo, en fallas institucionales referidas al reconocimiento y titulación de territorios indígenas, traducidas en incertidumbres normativas, financieras, logísticas, e informativas respecto al estado de los proceso de titulación. Y ello se agrava si se considera que las actividades hidrocarburíferas impactan en territorios con dichas características, generando controversias de superposición y devaluación de derechos ante su falta de demarcación y titulación territorial (revisar sentencia de la CIDH del 14 de octubre de 2014, Caso Pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano vs. Panamá[‡]).

La problemática de las Cuatro Cuencas merece una solución inmediata. El fracaso de la mesa de diálogo en el campamento de la base de Dorissa nuevamente es imputable a la angurria de Pluspetrol (10 millones de soles como retribución por dudosa servidumbre de uso de tierras). Urge que el ejecutivo por fin asuma su rol y tome partido por la representación indígena. Con ello estaría cumpliendo al fin con su obligación jurídica de generar condiciones para el ejercicio de derechos, así como de intervenir ante la injusticia y desigualdad social existentes (deber de cuidado).

De Pluspetrol no se puede esperar nada. La pelota está en la cancha del Ejecutivo, pero  esta vez la última palabra la tienen los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas. Así sea.

 

FUENTES: Defensoría del Pueblo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, DIPITY, DIGEIBIR, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente

 

Luis Enrique Mendoza es Ensayista, trabaja en temas de interculturalidad. Estudió Filosofía y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 


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