Pueblos Indígenas en Perú: ¿Por qué les debemos la Consulta Previa?

Pueblos Indígenas

Por Daniel Sánchez Velásquez
25 de Agosto de 2016 a las 12:24
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Pueblos Indígenas en Perú: ¿Por qué les debemos la Consulta Previa?
EnfoqueDerecho

Una de las acciones principales del Estado peruano durante los últimos años ha sido el impulso de la inversión privada para el aprovechamiento de los recursos naturales. Ello suscita en quienes viven en el ámbito de los proyectos extractivos diversas expectativas de mejoras en sus vidas (esperanza de empleo, mayores ingresos, satisfacción de servicios básicos) pero también temores sobre lo que estos podrían implicar (contaminación, pérdida de sus cultivos, escasez de agua).

Para superar esta incertidumbre, la ciudadanía exige tener información suficiente que permita conocer los detalles de los proyectos y contar con espacios para incidir en las decisiones que pudieran afectarlos. El Estado, en ese entendido, ha ido reconociendo derechos -información, participación ciudadana y consulta previa- que permitan una mayor intervención de la ciudadanía.

A pesar de estos avances, ciertos sectores del Ejecutivo –concentrados en acelerar la obtención de licencias sociales y ambientales– reducen los estándares de estos derechos y tienden a confundirlos en su aplicación. Se piensa, por ejemplo, que las audiencias públicas donde se informa de manera genérica sobre el alcance de los proyectos son suficientes para garantizar el derecho a la participación ciudadana; o que el derecho a la información se circunscribe a la elaboración de materiales que resaltan únicamente aspectos favorables del proyecto. 

El derecho a la información es la potestad que tenemos todas las personas para solicitar y acceder a información completa y veraz que nos permita construir nuestro propio criterio sobre el proyecto que se quiera aprobar. Ello implica, entre otros aspectos, que los funcionarios respondan a todas las dudas y rindan cuentas en audiencias públicas, talleres informativos u otros medios pedagógicos que permitan comprender las implicancias positivas y negativas de la ejecución de los proyectos. 

La participación ciudadana, por su parte, tiene una finalidad más intensa que la sola recepción de la información. Es un derecho que busca garantizar que todos los ciudadanos incidan en las decisiones públicas. Se busca que a través del intercambio de ideas y la deliberación conjunta, la decisión alrededor del desarrollo del proyecto considere las preocupaciones, observaciones y propuestas de cualquier persona. 

Es importante recordar que una parte importante de estos proyectos se realizan en territorios de pueblos indígenas. Estos pueblos al prexistir a la formación del Estado y mantener una cultura distinta, gozan también del derecho a la consulta previa. La consulta constituye una herramienta que permite identificar y evaluar los impactos sobre los diversos derechos sustantivos que pueden ser afectados y proteger su ejercicio bajo arreglos consensuados. Por ello, además de informar y participar, la consulta previa tiene como finalidad principal alcanzar acuerdos. 

En este sentido, la consulta previa de proyectos extractivos debe orientarse a acordar aspectos vinculados con la mitigación de los impactos que se producirán en las tierras comunales, las condiciones justas y equitativas que salvaguardan el acceso a los recursos naturales, o los mecanismos de compensación y posibles beneficios que genere la actividad en la zona, entre otros. 

La cabal comprensión de estos tres derechos y sus alcances contribuirá a su adecuado desarrollo. Sin embargo, en la práctica, en muchas ocasiones los espacios orientados para la participación ciudadana son meras reuniones protocolares sin metodologías útiles para la formación de consensos. Son varios los casos en los que la burocracia pública se comporta como guardiana celosa de la información negando su acceso. O incluso hay procesos de consulta donde los acuerdos acaban refiriéndose a asuntos ajenos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Ante el inicio de un nuevo gobierno, corresponde exigir al Estado abandonar la cultura del secreto y sustituirla por una de transparencia, mejorar los estándares de participación ciudadana y alcanzar acuerdos sustantivos con los pueblos indígenas. Lo contrario, solo puede conducir a una penosa situación en la que los derechos a la información, la participación ciudadana y la consulta previa queden como etiquetas usadas para avalar banalidades y los conflictos sociales alrededor de los proyectos continúen. 


*Daniel Sánchez Velásquez es Jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Abogado de la PUCP. Magister en Derecho Constitucional de la Universidad Sevilla. Autor de diversas publicaciones e investigaciones sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Autor del libro Discriminación y Medios de Comunicación. Análisis de las bromas raciales en la televisión peruanaCorreo electrónico: dsanchezvelasquez@gmail.com


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