Belén: La Venecia peruana en la Selva se hunde por abuso estatal

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Por Alfonso Silva Santisteban
13 de Junio de 2015 a las 11:27
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Belén: La Venecia peruana en la Selva se hunde por abuso estatal

*Texto y fotos: Alfonso Silva Santisteban

 

La zona baja Belén en la provincia de Maynas es la parte inundable del distrito. La cubre el río Itaya entre los meses de enero y junio. Es la conocida “Venecia peruana” y tiene una historia de más de 80 años.  Está formada por los barrios Pueblo Libre, Sachachorro, 6 de Octubre, Jirón Itaya, y 30 de Agosto. Es una zona muy estigmatizada en Iquitos, con problemas sociales y de infraestructura como la ausencia de desagüe o la escases de servicios públicos. También es una comunidad organizada, con mucha historia, de gente muy alegre y con mucha resiliencia. La actividad económica de la mayoría de vecinos depende del mercado y del puerto que están al lado de esta zona.

 

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Entrada a Pueblo Libre, Belén

Sin embargo, en diciembre del 2014 la gente de la zona baja se enteró de que el Congreso había aprobado una ley, que ordenaba reubicarlos a algún otro lugar. Casi no tenían información, salvo algunas voladas. “Iban a dar casas por la carretera” les habían dicho. Así de simple. La incredulidad inicial pasó al desconcierto cuando llegaron funcionarios del Ministerio de Vivienda a Iquitos a decir que el proyecto iba sí o sí y la reubicación empezó a difundirse en los medios. 

Efectivamente, el congreso aprobó la ley N° 30291 enviada por el ejecutivo, que declara “en emergencia y de necesidad pública la reubicación de los pobladores de la zona baja”. El proyecto pasó por la comisión de vivienda, se aprobó en el pleno y la promulgó el presidente en alrededor de un mes. Los vecinos de la zona baja no estuvieron enterados del proyecto. ¿Por qué el cambio de 180 grados en la política sectorial de vivienda? ¿Por qué no les avisaron o les comunicaron sobre el nuevo proyecto? ¿Qué pasó con el proyecto Belén Sostenible que prometía construir 2,000 viviendas para el 2015?

 

 

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Niños jugando en la calle

 

 

En diciembre del 2014 tuve la oportunidad de conocer el proyecto de reubicación de primera mano, presentado por un equipo del Ministerio de Vivienda. Para esa fecha, no tenían definido el terreno donde ubicarían a las 15,000 personas (2,500 familias) de la zona baja. Preguntamos sobre el impacto de mover al km 15 de la carretera a Nauta a miles de personas que dependen del puerto y del mercado para trabajar. Nos dijeron que en principio iban a poner buses y que iban a capacitar a los vecinos para que puedan hacer “emprendimientos”. Una persona que vende en el mercado suele empezar su día laboral a las 2 de la mañana. Llegar del km 15 a Belén toma una hora y media según nos dijeron los vecinos posteriormente. Preguntamos sobre el giro radical en la política hacia Belén y los funcionarios presentes no supieron responder. Preguntamos sobre la nula comunicación con los vecinos y nos dijeron que iban a “contratar a una socióloga” para que haga de interlocutora. Las casas planteadas eran de 40 m2 para familias de 5 personas en promedio (según datos del censo que hicimos el 2009 junto con los vecinos y la OPS), aunque uno de los problemas identificados era el hacinamiento. Al señalar esto, nos dijeron que el proyecto podía mejorarse.

La justificación de la reubicación se basaba en parte, en la ausencia de desagüe en la zona inundable. Sin embargo, el área de reubicación mostrada, alcanzaba algunas manzanas de casas completamente urbanizadas. Cuando señalamos esto, nos dijeron que “el terreno era inestable”. La zona reubicada iba a convertirse según mencionaron, en un bulevar ecológico. El mercado iba a ser reubicado a unas cuadras y se iba a modernizar.

Lo presentado, además de estar incompleto, tenía todos los elementos para generar un conflicto social en la zona baja de Belén: el proyecto se había diseñado desde Lima, sin participación de ningún vecino y no consideraba factores sociales o culturales evidentes del impacto de la reubicación. Lo paradójico de este caso, es que era el mismo gobierno el que había decido cambiar de política sin comunicarlo a los afectados y apuraba el proceso saltando varios pasos. A las dos semanas de esa presentación se promulgó la ley.

A partir de entonces se empezó a construir un discurso oficial, validado por los medios de Lima, para justificar la reubicación. Ante la nueva propuesta del ejecutivo y la negativa de la mayoría de vecinos, el ciudadano de Belén ha sido presentado como una persona obstinada, necia e inconsciente sobre sus propias posibilidades de mejora. Un reportaje de Cuarto Poder describió la zona como “un foco infeccioso” con “delincuencia, libertinaje, enfermedades, contaminación, ignorancia, pobreza”. Cuando los vecinos vieron el reportaje en una reunión del comité de gestión contra la reubicación, sintieron además de rabia, vergüenza. 

 

 

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Asamblea vecina

 

 

La gente de la zona baja se encuentra muy organizada. Cada barrio elige a un agente municipal y tienen dirigentes vecinales por sectores. Su reacción ha sido bastante rápida. Formaron un Comité de Gestión contra la reubicación que se reúne todos los martes y tienen comunicación continua con los dirigentes del mercado. Ellos demandan que se invierta el dinero destinado a la reubicación, en mejorar la zona como planteó el gobierno inicialmente. Hasta el momento no han podido reunirse con alguna autoridad del Ministerio de Vivienda. Los dirigentes nos contaron que han aparecido dirigentes apócrifos, favorables a la reubicación, que dialogan con la autoridades del sector. Richard Vásquez, el alcalde de Belén y vecino de la zona, se mostro en un primer momento en contra del proyecto, pero luego se ha manifestado a favor. Los vecinos lo consideran un traidor que ha cedido a las presiones del ministerio.

Cuesta entender por qué el estado ha actuado de esta forma. Por qué decidió cambiar en 180 grados la política de vivienda, actuar de espaldas a los vecinos y apurar el proceso casi con urgencia. En este caso, no hay un privado de por medio que exige que se respete lo que determina un contrato firmado. Se trata de un proyecto del Ministerio de Vivienda para mejorar la calidad de vida de la gente. Una vez más entonces, ¿por qué hacerlo así?

Tal vez la clave está en el proyecto del “bulevar ecológico” y la visión turística y comercial que se tiene para esa parte de Iquitos. Los 15,000 vecinos de la zona baja parecen ser un escollo para implementar esa visión. Desde esa perspectiva, ofrecer casas gratis a varios kilómetros de distancia a un grupo de “pobres extremos” es una mejora per se, sin importar en qué trabajaran y menos aún, el impacto que esta reubicación pueda tener en su cultura, sus tradiciones o su comunidad.

Este caso ejemplifica muy bien la visión de ciudadanía que el estado tiene hoy en día del peruano pobre: un sujeto con menos derechos. Es muy probable que veamos emerger un conflicto más por territorio, esta vez por entera responsabilidad del gobierno.

Un vecina me preguntó cómo me sentiría si vinieran a decirme que me tengo que ir de mi casa, porque así lo ha decidido alguien más. No supe muy bien qué decirle. Cuando le pregunté qué mensaje tenía para las autoridades o para la gente de Lima, me dijo: “lo único que le pediría al presidente Ollanta, es que nos dejen vivir en paz”.

 

 

 


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